José Barea publica en el diario "la voz digital" el siguiente articulo, exponiendo los distintos datos macroeconómicos de 2005

Datos macroeconómicos de España en 2005
En 2005 ha continuado el ciclo expansivo de nuestra economía que se inició en 1996; llevamos por tanto una década con una tasa media de crecimiento del PIB del 3,3% a precios constantes; nunca, que yo recuerde, ha tenido la economía española tan amplio ciclo de expansión.El crecimiento en 2005 se estima en el 3,4%, tasa superior a la prevista por el Gobierno cuando elaboró el Presupuesto de dicho año. La inversión en vivienda y el consumo de las familias han vuelto a ser los sectores determinantes. La demanda interna se estima que ha crecido 1,5 puntos por encima del PIB, por tanto muy por encima del crecimiento potencial de nuestra economía. El crecimiento cuantitativo hemos de calificarlo de excelente, sin embargo ha originado fuertes desequilibrios macroeconómicos, sin que se hayan puesto en marcha políticas correctoras.En efecto, hemos tenido un diferencial de inflación del entorno de 1,3 puntos por encima de la media de la Unión Monetaria, lo que supone un diferencial acumulado de más de nueve puntos desde que se constituyó la zona euro, más de un punto por año. Tal hecho ha influido fuertemente en nuestra competitividad, que se ha manifestado en un fuerte déficit en nuestra balanza comercial que se estima cierre 2005 con un déficit del orden del 7,5% del Producto Interior Bruto (PIB) del año.Para responder a los fuertes desequilibrios de precios y del sector exterior, el Estado ha debido utilizar la política presupuestaria, por ser el único instrumento que en la Unión Monetaria ha quedado en poder de los Estados miembros para controlar la demanda interna, ya que el tipo de interés está centralizado en el Banco Central Europeo. Sin tener en cuenta el superávit de la Seguridad Social, ya que en un sistema de pensiones público gestionado por reparto, como es el nuestro, los gastos no se contabilizan con el criterio de devengo sino con el de caja, dando lugar a una deuda implícita de un importe superior al PIB, que empezará a aflorar a partir de 2015, afectando a la sostenibilidad del sistema; el resto de los agentes del sector Administraciones Públicas tendrá superávit presupuestario, que rondará el medio punto de PIB. En dicho superávit ha tenido una influencia decidida el diferencial de inflación entre la prevista al elaborar los Presupuestos de 2005 (2%) y la que se estima será a final de dicho año, que estará alrededor del 3,7%. Por otra parte hay que tener en cuenta que la inflación es el peor de los impuestos, y que recae más intensamente sobre los contribuyentes de menor renta.En el Balance de 2005 hay que hacer notar el efecto negativo que ha tenido la ausencia de reformas estructurales en los tres campos siguientes: mercado de trabajo, negociación colectiva y sistema de pensiones.El mercado debe estar regulado, ya que el trabajo no es una mercancía a la que se le puede aplicar sin más la ley de la oferta y la demanda. Pero ha de ser un mercado regulado pero sin rigideces de tal orden, como sucedió en la década de los ochenta, que al no poder ajustar los empresarios sus plantillas a la caída de la demanda a consecuencia de la grave crisis internacional, se produjeron miles y miles de cierres de empresas y el paro sobrepasó el 20%. El ajuste de las plantillas a través del despido hubiera llevado igualmente a la quiebra de las empresas, ante el alto coste de tal medida.La autorización para que la empresa pueda contratar trabajadores temporales ha evitado el problema que acabamos de citar, pero ha dado lugar a un mercado dual, los antiguos trabajadores, que gozan prácticamente de un puesto de trabajo de por vida, y los nuevos trabajadores, que van encadenando uno tras otro puestos temporales con cambio de empresa. Estos trabajadores temporales no tienen ningún derecho cuando su contrato vence, por otra parte las empresas no gastan nada en la formación de este personal, conociendo que a los pocos meses ya no pertenecerán a su plantilla y serían otras empresas las que se beneficiarían de su gasto.Este tema se lleva discutiendo casi un año en la Mesa del Diálogo Social, sin que hasta ahora se haya avanzado un solo paso. En esta cuestión, 2005 ha sido un año perdido. Como casi todo está inventado, por qué no se analiza la regulación del despido en los 25 países que actualmente constituyen la Unión Europea, que son nuestros principales competidores, se estudian las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, y se establece para España un mercado de trabajo flexible que evite que un tercio de los trabajadores sean temporales, pero que al mismo tiempo permita a las empresas ajustar la plantilla a la demanda de sus productos sin que desemboquen en la quiebra.El sistema de negociación de los convenios colectivos es otro de los temas que durante 2005 ha estado en la Mesa del Diálogo Social, sin resultado alguno. En la actualidad los convenios se negocian a nivel de cúpula (sindicatos y empresarios) que después se trasladan como condiciones mínimas a todas las empresas, y de estos mínimos parten después los convenios de empresa. Efectuar convenios colectivos sin tener en cuenta las condiciones de cada empresa produce ineficiencias, que dan lugar a cierres de empresas por no poder hacer frente a las obligaciones que se derivan de aquéllos. Por ello se propone que los convenios colectivos se negocien a nivel de empresa, teniendo en cuenta la productividad de cada una de ellas.La reforma del sistema de pensiones públicas contributivas ha sido también otra de las reformas estructurales presentadas por el Gobierno ante la Mesa de Diálogo Social. El desequilibrio del sistema de pensiones tiene su origen, por un lado, en la falta de proporcionalidad entre lo aportado (cotizaciones) y las pensiones a recibir, y por otro, en el envejecimiento de la población. Según un Estudio de la Comisión Europea, en España durante el período 2000-2050 el porcentaje de las pensiones en el PIB aumentará en 8 puntos, alcanzando el 17%. La reforma del sistema es urgente, la Comisión Europea se lo advirtió al Gobierno español.La falta absoluta de proporcionalidad lo demuestran las diferentes tasas de retorno obtenidas según los años de cotización y las tasas de sustitución entre el último salario de activo por el que se ha cotizado y el importe de la pensión del primer año, que son las más altas de la Unión Europea. La ampliación del número de años cotizados para calcular la base reguladora de la pensión estaría de acuerdo con las Recomendaciones de la Renovación del Pacto de Toledo de 2003, que iría en la senda de elevar la proporcionalidad entre pensión y cotización. Para hacer frente al reto demográfico, la medida de mayor impacto es retrasar la edad de jubilación, sin que se originen nuevos derechos; cinco años parece ser lo ideal, es decir pasar la jubilación a setenta años.Otro de los problemas que tiene nuestro sistema de pensiones deriva de las prejubilaciones, que si bien estuvieron justificadas en la década de los setenta a consecuencia de las reestructuraciones derivadas de la grave crisis mundial, desde hace ya varios años las jubilaciones anticipadas debieron ser suprimidas, pues han sido utilizadas por empresas con grandes beneficios para reducir el coste de sus plantillas.Las reformas propuestas por el Gobierno no resuelven los problemas que tiene el sistema de pensiones contributivas.